La Justicia imputa a 3 responsables de urbanismo por el caso de corrupción que acorrala al PSC de Iceta

Miquel Iceta, máximo responsable del PSC, se ha convertido en el centro de la polémica por el pretendido ascenso a presidente del Senado impulsado por Sánchez y que los independentistas bloquearán en el Parlament. En otro frente, Iceta ve cómo otras tres nuevas imputaciones en el ‘caso Marina Besòs’ acorralan a su partido.

El escándalo, que lleva camino de convertirse en un nuevo ‘caso Mercurio’ -con implicaciones para los convergentes y los socialistas- se acaba de cobrar otras tres víctimas judiciales: tres arquitectos de diferentes servicios de urbanismo de la Generalitat de Cataluña que acaban de ser citados como imputados -investigados- por prevaricación.

Los tres imputados desempeñaban labores de planificación en la estructura del Govern hasta 2014 y todos ellos han sido implicados en el ‘caso Marina Besòs’ por el escándalo en la presunta reconversión irregular de las piscinas de Sant Adrià (Barcelona) en la discoteca Atlántida.

Una providencia de la sala de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que instruye el sumario los incorpora al caso en condición de investigados. Sus nombres son Antoni Tobella Roca, Cristina Garcia Perera y Esther Nebot Hernández. Tobella era el jefe del servicio territorial de Urbanismo de la comarca del Barcelonès. García Parera era letrada de la Dirección General de Urbanismo. Y Nebot se encargaba de los servicios territoriales del área metropolitana de Barcelona en el año 2009. Y ello implica que en 2014 dependían del consejero Joaquim Nadal, del PSC en aquel momento y en el Gobierno regional fruto de los pactos del tripartito. Nadal dejó su cargo al cierre de diciembre de 2010, tras dos mandatos consecutivos.

Ese 2009 no era un periodo anodino para Miquel Iceta. De hecho, un año antes comenzó su ascenso a las alturas del PSC. En julio de 2008 Iceta es designado miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Un impulso que se dejó notar en su creciente conocimiento y mando en el PSC. Fue miembro de la ponencia para la reforma del nuevo Estatuto catalán -el negociado desde el tripartito-. Y, por fin, y como respaldo a su ascenso, en julio de 2014 fue elegido, mediante elecciones primarias y sin rivales, nuevo secretario general del PSC.

Los tres arquitectos entran en la lista de imputados tras pedirlo la Fiscalía, que investiga si avalaron la transformación de las antiguas piscinas de Sant Adrià de Besòs en una macrodiscoteca. Los tres fueron clave porque dieron el respaldo jurídico a la operación bajo sospecha.

Por si fuera poco, también cae como imputado por prevaricación el concejal delegado del área de territorio, el ahora alcalde Joan Callau, de nuevo del PSC y, por lo tanto, bajo el mando de Iceta. En este caso, la imputación se realiza por adjudicar dos quioscos de bebidas en la playa de Sant Adrià. Y, además, el juez ha pedido pruebas documentales sobre la compraventa de dos pisos por parte de los hijos del ex alcalde del municipio, José María Canga, otro cargo del PSC de Iceta.

Iceta no explica las imputaciones

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona instruye el denominado ‘caso Marina Besòs’ en el que ha imputado ya previamente a 4 cargos del PSC acusados de delitos de fraude, malversación y prevaricación, sin que Miquel Iceta haya asumido responsabilidades ni dado explicaciones.

El juez instructor investiga las irregularidades en la concesión de los permisos y licencias de explotación del citado centro lúdico en Sant Adrià del Besòs, en la zona conocida como Marina Besòs, entre los años 2008 y 2013. Estos locales habrían estado funcionando como discoteca sin permisos –aprovechando una sequía– transformando un espacio de recreo con piscinas en una zona de ocio nocturno.

Entre las personas que han sido imputadas se encuentra el entonces alcalde y presidente del CCB, Jesús Canga; su sucesor Joan Callau Bartolí; el secretario municipal, José Reverendo; el concejal de servicios técnicos, Ricardo Silvestre; los técnicos municipales Enrique Padrós y José Leal; y los directivos de las empresas que gestionaron el centro lúdico. También han sido imputados Pedro Rivero Hidalgo, concejal del PSC, primer Teniente de Alcalde y presidente del Área de Hacienda y Recursos Generales; María Teresa Juncosa, Consejera de la empresa UAR Barcelona; Marta Gloria Viladrich, jefe de Servicio de Territorio de Sant Adrià; Jaume Vendrell Amat del PSC de Gavà y gerente comarcal del Consejo Comarcal del Barcelonès; y Marta Gibert, secretaria general del Consejo Comarcal del Barcelonès.

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