Podemos quiere obligar a los empresarios a que sus trabajadores tengan poder en la dirección

El programa europeo de Podemos recoge que «será obligatorio establecer mecanismos de cogestión en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras mediante la participación de estos en los órganos de dirección con voz y voto».

Podemos quiere que los trabajadores tengan capacidad de dirigir la empresa. Así figura en el programa para las elecciones europeas, en las que la formación de Pablo Iglesias concreta que «se fomentará la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas»  y «será obligatorio establecer mecanismos de cogestión en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras mediante la participación de éstos en los órganos de dirección con voz y voto».

El sistema, destaca el partido morado, se aplica ya en Alemania y en Francia. Se denomina cogestión e implica que los empleados puedan participar en los órganos de gestión y dirección de las empresas. En el país alemán, sin embargo, el umbral para obligar a las empresas se sitúa en 500 trabajadores.

El concepto se aplica a la obligación de las empresas de que los empleados estén representados en sus órganos de gobierno y que tengan poder en sus decisiones, aunque en el sistema que ya se aplica, es el empresario el que tiene la última palabra.

El partido insiste también en su propuesta de salario mínimo de 1.200 euros al mes, en España, y en obligar a un sueldo «digno» en toda Europa, para lo que, dice, «se hará obligatoria la actual recomendación de la Carta Social Europea».

En este sentido, cabe recordar que la propuesta para nuestro país se completa con lo que Podemos define como renta de «garantía de suficiencia de ingresos de la población», cuya cuantía oscila entre 600 y 1.200 euros para toda persona, dice el partido, con ingresos reducidos.

Esta propuesta, que fuer registrada por Podemos en el Congreso y que decayó con la convocatoria de elecciones generales, supone, con otras medidas similares, un coste anual de 18.000 millones de euros. En el texto de la iniciativa se abre además la puerta a que la reciban los inmigrantes ilegales, como reveló OKDIARIO, al señalar que tendrán derecho a ella todos aquellos con “rentas o ingresos suficientes” y que sean mayores de edad o menores de edad emancipados y no hayan alcanzado la edad de jubilación; que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación, o bien que demuestren un mínimo de tres años de residencia efectiva continuada.

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